Opinión: Crisis política

Autor: 
José Buendía Hegewisch (@jbuendiah)

 

Para resistir el vértigo de la destrucción o la anarquía, como parece ser el caso de la balacera en la UNAM, lo primero es reconocer el terreno que pisan las protestas. El país está en un momento delicado de crisis política por la inoperancia de las instituciones de justicia y seguridad.

El fuego en el Congreso de Guerrero, en un paradero del Metrobús en el DF o  en una puerta de Palacio Nacional, expresa el  hartazgo de la protesta, pero también representa el peligro del descontrol. Las llamas nunca distinguen entre la defensa de causas y la desestabilización, que sólo beneficia a radicales que creen que el cambio debe surgir de los escombros de las instituciones. En momentos de zozobra y desesperación  para víctimas y  sociedad, la incertidumbre es terreno para  los violentos, pero la sociedad  no puede perder de vista que como en la antigua Grecia los pueblos se arruinaban tirando a las piras  esencias preciosas y flores olorosas  que el fuego reducía a cenizas.

Para resistir  el vértigo de la destrucción o la anarquía, como parece ser el caso de la balacera en la UNAM, lo  primero es reconocer el terreno que pisan las protestas. El país está en un momento delicado de crisis política por la inoperancia de las instituciones de justicia y seguridad. Los calificativos para señalar la situación son muchos, crisis social, de legitimidad o credibilidad. Pero la que atiende la urgencia del momento es la política, porque llama a la acción del gobierno para salir de la parálisis y a la sociedad para no ceder a  radicalismos que dañan sus causas. Apenas esta semana, a casi 50 días del  estallido de descontento por Ayotzinapa, el embajador mexicano en EU admitió a regañadientes que en el  país hay una “gran crisis política”, como le planteó la presentadora de CNN Christiane Amanpour.

Un ejemplo de comportamiento en la tragedia son los padres de los normalistas, que marcan el ritmo en las investigaciones y mantienen la presión de  sus demandas, pero cuidando de alejar el vandalismo. El descontento social tiene derecho de expresarse y denunciar la ineficacia de las políticas públicas o la inacción de las instituciones; rechazar la impunidad en la impartición de justicia o la corrupción de la clase política, comenzando por el nuevo escándalo de la millonaria casa de la pareja presidencial. Pero el reto es traducir ese malestar y la crispación en participación hasta hacerse escuchar por una elite política que, lamentablemente, parece autista.

La indiferencia y oídos sordos agravan la indignación, pero el gobierno no acaba de salir del asombro para reducir la  incertidumbre. Mientras, los partidos siguen en la lógica de los cálculos electorales y reparto de culpas con descalificaciones que, paradójicamente, son causa del deterioro de su imagen.

En efecto, los  riesgos de este momento de crisis política no provienen sólo de que la anarquía rebase a la sociedad o la infiltración de grupos desestabilizadores en la protesta. En un gobierno paralizado por la falta de respuesta, el miedo es otro factor de peligro. Ahí se transpira  temor, que se traduce en  dejar hacer para que las aguas retomen su cauce. Aunque también puede llevar a restablecer el orden mediante la criminalización de la protesta.  Es obligación de la autoridad dar el primer paso en la solución de la crisis  con acciones que abran el diálogo, atender a las víctimas y sancionar a los responsables de las tragedias. Cuando menos recuperar  “la calma” en el proceso, como reclamó por segunda ocasión en esta crisis, el gobierno de Washington. 

El gobierno debe entender que el descontento por Ayotzinapa no es un problema aislado, ni localizado en Guerrero; que forma parte de una zaga de abusos sistemáticos por la violencia de los grupos criminales, que el Estado ha sido incapaz de contener. De comprender que la actual crisis no se debe únicamente a la falta de Estado de derecho, que en el país es un  viejo pendiente. Sino al colapso de las formas tradicionales de ejercer el poder,  ya sin recursos para ofrecer bienestar al sector mayoritario de la población: los jóvenes.

La oferta de cambio frustrada por todos los partidos  ya no dice nada a  jóvenes sin empleo, ni  educación y principal blanco de la violencia. El pacto de los gobiernos de turno con ellos está roto y por eso demandan una reforma del poder. 

Por eso  la crisis es política y reclama respuestas urgentes que recuperen la comunicación con la ciudadanía, hoy descompuesta por la violencia y la impunidad. Pero el acercamiento no podrá darse sin certezas de la autoridad más allá de la inercia institucional. La persistencia de la incertidumbre abre espacios a la inestabilidad y es ahí donde los violentos marcan los tiempos, incluso por encima de las demandas de la ciudadanía. Estos son los tiempos y los retos que esperan a Peña Nieto tras el compás de espera en que dejó en el país para irse a China.